Para quienes nos sentimos parte del espacio progresista -con todas las ambigüedades que esa pertenencia tiene-, asumir responsabilidades de Gobierno es un enorme desafío. No estamos acostumbrados a ejercer un cargo público ejecutivo, y esa cierta marginalidad institucional es, al mismo tiempo, virtud y defecto, dependiendo de quién la observe. Para muchos, el "deber ser" del buen progresista encuentra su mejor y tal vez única expresión en la actitud opositora. Asimismo, quienes suelen ser oficialistas señalan la inexperiencia de los "progres" como su mayor defecto.
Resulta evidente que la mayoría de los dirigentes políticos de este sector del espectro ideológico adquirimos nuestra poca o mucha inserción pública merced a una historia marcada por esa conducta opositora. Gran parte de nosotros nos hicimos más o menos conocidos por nuestra constancia en cuestionar las injusticias promovidas desde distintos espacios institucionales. Crecimos a la luz de la crítica de las políticas que implementaron o intentaron implementar los sectores concentrados del poder económico y sus gestores gubernamentales. Podríamos decir que el terreno más fértil para el surgimiento de dirigentes progresistas ha sido, y aún es, la oposición. Y no está nada mal que así sea.
Pero esto ha generado un enorme bache: ser progresista se ha transformado a lo largo de décadas en sinónimo de ser opositor. Y cuesta salir de ese lugar. Cuesta someterse al desafío de crecer, de desarrollar el pensamiento transformador, por fuera de la gestualidad opositora. Hacernos cargo de sintetizar la diversidad social y política y traducir nuestro ideario en acciones de Gobierno, es un reto inmenso.
Es más fácil, más cómodo y menos contradictorio anclarse en una actitud testimonial, de señalamiento permanente, que arremangarse para transformar la realidad cuestionada. Pareciera que no es posible hacerlo sin borrar con el codo lo que se escribió con la mano, y yo puedo dar fe de que eso es falso. Es tan difícil como absolutamente posible gobernar y ser coherente con las banderas alzadas durante los momentos de oposición. Y es más: la mayor riqueza de ejercer el Gobierno para un progresista consiste en demostrar que las cosas pueden hacerse de otra forma, que un Estado puede combatir con acciones concretas la desigualdad y que es falso que los ámbitos de decisión gubernamental sean sólo poleas para facilitar la obtención de réditos para diversos lobbies y mafias poderosas.
Es un gran desafío porque ya no se trata de señalar lo que está mal o sugerir lo que se debe hacer, sino de poner manos a la obra; pararse de cara a la sociedad y buscar soluciones concretas a sus inquietudes y necesidades; calcular los recursos necesarios para implementar políticas eficientes; conseguirlos en forma equitativa; enfrentar la acción de quienes quieren mantener o ampliar sus privilegios; multiplicar los espacios de participación; generar consensos que den mayor legitimidad a las acciones; administrar democráticamente los disensos; desandar la tendencia a la burocratización del Estado; generar mecanismos para modernizar la administración pública (sin que eso signifique transformar a los funcionarios en gerentes ni a los vecinos en clientes); eliminar de cuajo cualquier resabio de corrupción y terminar con la cultura social y políticamente instalada de la prebenda, la coima y el clientelismo; enfrentar y superar con creatividad y eficiencia las crisis económicas, la caída en los ingresos públicos o el aumento de la demanda social; y, entre muchas otras cosas, articular acciones con otros niveles estatales (más allá de los signos políticos de sus autoridades).
En síntesis, se trata de ser eficiente; no sólo en el sentido de producir realmente un efecto, sino de que éste se encuentre orientado a eliminar la exclusión y la marginalidad, garantizar la ciudadanía plena y lograr un desarrollo social, económico, cultural y urbanístico equitativo.

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