Promoción del desarrollo humano

La desigual distribución de la riqueza, agudizada en el último cuarto de siglo a partir de la consolidación de un modelo económico, político y cultural injusto, excluyó a gran parte de la población del acceso a los más básicos derechos humanos. El Estado municipal, como articulador de la diversidad social, debe bregar por la compensación de esas desigualdades, garantizando -junto al sector privado y las organizaciones de la comunidad- un mayor y mejor acceso de todos los vecinos a la vivienda, la cultura, la salud, la educación, la recreación y el descanso. En este sentido, el Gobierno a cargo del Municipio, deberá proyectar y organizar la provisión de los recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes para garantizar ese acceso, recurriendo además a la asistencia de los niveles estatales provinciales y nacional y de organismos públicos y privados de financiamiento externo.

La defensa de todos los derechos humanos, así como la condena de cualquier acto que vulnere la integridad física, intelectual o espiritual de los ciudadanos, debe ser asumida como una política de Estado.
La prevención y el cuidado de la salud, la asistencia a espectáculos públicos, la participación en colonias recreativas, la mejora habitacional, la formación educativa o el acceso libre a espacios de integración social, no pueden sino ser derechos cuyo cumplimiento debe estar garantizado por parte del Municipio.

Asimismo, el Estado local debe facilitar mecanismos de resolución alternativa de conflictos entre vecinos e intervenir a favor de estos en su relación con las empresas, especialmente con las concesionarias responsables de prestar servicios públicos. Para ello, el Municipio debe continuar con la tarea promovida desde las áreas de mediación y de defensa de los usuarios y consumidores, e impedir que los sectores más poderosos de la comunidad impongan reglas y condiciones ilegales, ilegítimas o inmorales a los vecinos.

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