Protagonismo ciudadano

Una de las más graves consecuencias de modelo económico edificado a partir de mediados de los '70, fue la ruptura de los lazos de confianza entre los dirigentes y la comunidad; ruptura que significó un distanciamiento de los ciudadanos respecto de su principal organización social, es decir, el Estado. En ese marco, las acciones impulsadas por los administradores de la "cosa pública" cayeron en un fuerte descrédito. Muchos ciudadanos empezaron a considerar que el Estado era el refugio desde el que se promovían privilegios hacia los sectores concentrados del capital y hacia los propios administradores públicos. Por ello, la recuperación del vínculo entre gobernantes y gobernados pasó a encabezar las prioridades de quienes creyeron en la necesidad de construir proyectos colectivos que además de efectivos fueran fruto de un consenso legítimo.

Durante los últimos años, el Municipio generó mecanismos importantes para permitir la participación de los moronenses tanto en la definición como en la puesta en marcha de las políticas públicas. Ese protagonismo ciudadano -que tomó cuerpo en la realización de audiencias públicas, la conformación de consejos en los que se representó la diversidad de intereses sociales y la explicitación de los patrimonios de los gobernantes- permitió generar proyectos con fuerte consenso social y mayor impacto comunitario. Experiencias como la del Consejo de Emergencia en Morón -que planificó e implementó la asistencia a las familias más humildes durante la crisis del verano de 2001/2002- o las audiencias públicas para la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a licitación del servicio de recolección de residuos domiciliarios, realizada en julio de 2000, demostraron que una mayor participación social en los asuntos públicos redunda en mejores servicios, con menores costos y más efectividad.

En esta línea de potenciar el protagonismo ciudadano, el Estado municipal debe trabajar para fortalecer mecanismos de democracia directa y semidirecta, de manera de que la necesaria delegación de algunas responsabilidades gubernativas -consagrada en el artículo 22 de la Constitución nacional- no asfixie la posibilidad de que sean los propios ciudadanos quienes diseñen la forma en la que van a ser invertidos los recursos públicos. La puesta en marcha de mecanismos que permitan la elaboración de presupuestos participativos, más que una necesidad coyuntural, es un proyecto que debe comprometer tanto a los actuales representantes como al conjunto de organizaciones sociales que intervienen en la realidad local.

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